La Habana en alerta roja por grietas a la censura a través de los celulares

El régimen intenta criminalizar el envío de mensajes telefónicos cuando no hay nada más legal que brindar información.

03 de octubre de 2011

Foto: martinoticias.com

Nada más humano y legítimo que brindar y recibir información. Pero el gobierno cubano teme mucho de que su pueblo la obtenga y califica de delito acceder a ella o divulgarla, y para ello gasta millones de dólares intentando interferir toda información que no provenga de su propio aparato de propaganda.
El gobierno cubano olvida, o quiere que se olvide que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La cita viene a colación luego de que el sitio web Cuba Money Project, del periodista Tracey Eaton señalara que “una compañía de Maryland ha ganado un contrato –tras una licitación pública en la que participaron varias compañías- del gobierno de los Estados Unidos para establecer un sistema capaz de enviar decenas de miles de mensajes de texto cada mes a usuarios de teléfonos celulares en Cuba que quieren recibir noticias e información de Radio y TV Martí.
Inmediatamente después que Eaton hiciera uso de todas las facilidades que propicia la transparencia, y acceso a record públicos en Estados Unidos, Cubadebate publicó una versión tendenciosa del despacho de Tracey Eaton  realizada por Jean-Guy Allard, quien no descubre ni revela nada nuevo sino que tergiversa la intención del original.
Jean Guy Allard intenta remarcar la pregunta de una de las contratistas de si enviar los mensajes es legal o no, a lo que BBG responde que ese es un detalle resueto por ley
Y tiene razón BBG, Radio y TV Martí existen por la voluntad expresa y soberana del pueblo de Estados Unidos que a través de sus dos Cámaras aprobó una ley para su creación y que fuera firmada el 4 de octubre de 1983 por el presidente Ronald Regan (Radio Broadcasting to Cuba Act Public Law 98-111), por lo que cualquier gestión informativa que no contravenga lo estipulado está amparada por dicha ley.
No es Radio y TV Martí quien comete un delito al tratar de informar al pueblo de Cuba. Es el gobierno de Cuba quien viola la ley cuando priva a la ciudadanía de una información veraz, libre y plural.



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